El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, señaló hoy
que el Gobierno no planea reformar la ley integral contra la violencia de
género, pero sí introducir "medidas oportunas", basadas en la "realidad y la
experiencia".
Indicó que en el primer trimestre de este año han aumentado las
denuncias, hasta alcanzar la cifra de 45.000, y admitió que las falsas también
se han incrementado.
López Aguilar hizo estas apreciaciones en la localidad madrileña de
Colmenarejo, durante su intervención en el curso "La mujer víctima de la
violencia de género", de la Universidad Carlos III.
El ministro dijo que el mensaje "potente y de represión" que el
Gobierno pretende enviar con esta ley "no es suficiente" ya que, a su juicio,
"hace falta construir toda una arquitectura de órganos especializados", además
de una red de prestación de servicios públicos para dar asistencia y mayor
seguridad, tanto a las familias como a las víctimas.
"La ley no ha producido por sí sola la disolución del mal", dijo, y
agregó que esta norma "intenta marcar una diferencia y prever las respuestas más
adecuadas".
Explicó que el Ejecutivo no planea su reforma, sino introducir
"medidas oportunas" basadas en "mensajes de la realidad y la experiencia", que
cree deben provenir de asociaciones y víctimas para "actuar razonablemente" y
"perfeccionar" los protocolos de actuación, tanto del Ministerio Fiscal como de
las fuerzas de seguridad.
En este sentido, dijo que se necesita "especializar" a los cuerpos
de justicia para repartir las cargas de trabajo a través de los "juzgados
exclusivos" dedicados a la violencia de género en las CCAA donde las
estadísticas por malos tratos sean mayores.
En cuanto a los medios para afrontar esta lacra, López Aguilar dijo
que la implantación de medios telemáticos, como por ejemplo las pulseras
electrónicas, "pueden ser una alternativa" a la privación de libertad, así como
mecanismos de control de los agresores, pero cree que su aplicación depende de
los medios económicos y recursos de cada Comunidad.
Precisó que si bien las denuncias falsas por maltrato han
aumentado, ello supone un "coste soportable", y esto "no puede disuadir a los
poderes públicos de seguir realizando su trabajo".
